Por Gary Prado Araúz, abogado
Ser testigo de hechos trascendentes en la historia de las naciones y callar es sinónimo de no existir.
En el medioevo - entre los siglos V y XV - en la vieja Europa la organización de los reinos estaba basada en la existencia de territorios o feudos confiados por el monarca a un señor para que ejerciera poder sobre ellos. El poder era militar, judicial y económico. El poder espiritual o moral estaba bajo el control del clero.
El señor feudal, de este modo, ejercía el poder casi absoluto sobre la vida y hacienda de sus vasallos. Los protegía de las acechanzas externas, les daba derecho a trabajar la tierra y a cambio les cobraba impuestos, se quedaba con la mayor parte de sus cosechas y ganado y, en ocasiones, les permitía ingresar a su fortaleza o castillo para festejos, para anunciarles hechos importantes o para que presenciaran ejecuciones (horca, guillotina, corte de cabeza) de aquellos a quienes él condenaba a muerte.
Otros recintos que integraban los castillos eran las mazmorras: Celdas subterráneas e insalubres en las que los detenidos podían pasar años conviviendo con las ratas, los gusanos y la inmundicia. Ahí no se veía la luz del sol; se comían mendrugos; no existía contacto con el mundo exterior; las furtivas visitas eran pactadas o fruto de la extorsión de los carceleros. Las mazmorras eran lo mas oscuro de la edad oscura.
En pleno Siglo XXI cuando los derechos humanos están por su cuarta generación y las taras del pasado oscurantismo debían ser asunto de libros de historia, vengo a relatarles sobre las actuales mazmorras de un señor feudal, en el territorio del Estado Plurinacional.
Los conocí cuando me hicieron cautelar por "suficientes elementos de convicción que - yo - era partícipe de los delitos de terrorismo y alzamientos armados". Era abril de 2010. Los abogados Boris Villegas y Denis Rodas, en representación del poderoso Ministerio de Gobierno, exigían a la jueza que se me detenga preventivamente. Ella decidió arrestarme en mi domicilio.
Poco más de un mes adelante, los mismos abogados exigían, bajo los mismos 'elementos de convicción', a otra jueza, similares medidas sustitutivas a la detención para mi padre, el Gral. Gary Prado Salmón, un médico y un arquitecto. En abril de 2011 conocí al tercer abogado de ese equipo, Fernando Rivera, litigante excepcional y tenaz.
La dilatada etapa intermedia del proceso penal por los supuestos delitos de terrorismo y alzamientos armados nos confrontó - a mi y a otros profesionales como abogados de defensa y a ellos como abogados de la acusación - en varias audiencias y sesiones preparatorias, hasta llegar a Tarija en octubre de 2012 cuando se instaló el juicio oral. Allí cada parte daba muestras de sus habilidades para el litigio oral en incontables escaramuzas. De pronto, sin previo aviso ellos tres Rivera, Villegas y Rodas fueron aprehendidos sindicados de pertenecer a una red de extorsión. Junto a ellos los abogados, Mollinedo, Achá y Gómez. A todos los recluyeron en la cárcel de Palmasola, en un nuevo pabellón del denominado Régimen Cerrado (PC-8).
Cuando el primer abogado fue detenido, los medios de comunicación me preguntaron qué opinaba ¡el principal abogado de la acusación estaba detenido y sindicado de extorsionar a un norteamericano! Mi respuesta fue la siguiente: "Debemos presumir que es inocente, no hubo flagrancia, es una denuncia. Debemos desear que sea investigado por un fiscal probo e independiente y si es juzgado que lo sea por un tribunal imparcial. En lo personal me solidarizo, pues en la Bolivia de hoy, la peor desgracia para un ciudadano es ser querellado por el Ministerio de Gobierno".
Los reporteros me miraron con incredulidad al principio, pero luego coincidieron en mis apreciaciones. En la Bolivia del autócrata Evo Morales se han invertido los valores: ¡un sindicado es presumiblemente culpable y tiene que probar su inocencia!
Como un gesto humanitario y con la confianza puesta en que la nube negra que se cierne sobre la justicia se disipará pronto, en diciembre del pasado año fui a visitar a estos abogados detenidos preventivos y con un paquete de cigarros en las manos ingresé al recinto carcelario para expresar mi solidaridad.
Desde entonces los visito periodicamente. Comentamos el caso en el que nos enfrentábamos y el caso que los tiene allí encerrados, así como muchas anécdotas de nuestras vidas política y profesional.
En mi última visita coincidí con la presencia del nuevo gobernador de Palmasola, coronel de policía Julio Paredes, quien estaba allí a solicitud de los internos de PC - 8. Ellos solicitaron su presencia para hacerle conocer sus quejas y demandas:
"Le solicitamos 15 minutos al sol cada día, individualmente. Nunca nos han permitido salir al sol. Le solicitamos nos permitan tener radios a pilas y un televisor común (tenían uno y se los requisaron). Solicitamos contar con una heladera para refrigerar los alimentos que cocinan acá nuestros familiares porque podrían envenenarnos con la comida del penal. Solicitamos se nos permita tener una computadora para elaborar nuestros escritos y memoriales de defensa. Solicitamos que nos lleven a nuestras audiencias. Finalmente, solicitamos un trato digno y sin humillaciones a nuestras madres, padres, esposas y demás familiares que nos visitan. Los detenidos por orden del gobierno somos nosotros, no ellos"
Todas esas solicitudes están insertas en una sentencia constitucional que ganaron y que nadie cumple por orden del Ministerio de Gobierno.
Mientras escuchaba las formales respuestas del Gobernador no podía dejar de pensar en el Medioevo, en las mazmorras y en el señor feudal que los mandó a podrirse en Palmasola.
